“Si lo más importante es la igualdad, la cohesión y la solidaridad, entonces no hacen falta las comunidades autónomas, basta con un modelo de Estado unitario”.
Antoni Castells, Catedrático de Hacienda Pública de la UB en la inauguración de un curso de Verano sobre financiación de las Comunidades Autónomas del Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona. Sebastià del Arco, “Castells: ‘Si lo más importante es la igualdad, sobran las autonomías’”. El País 19.07.2007.
La división administrativo-territorial de España en Comunidades Autónomas es fruto de los Pactos Autonómicos de 1981 y 1985, acuerdos que nunca fueron refrendados en el parlamento ni incorporados a la Constitución de 1978 que sí se refiere, de forma genérica, al derecho a la autonomía de las regiones. La Constitución y los Pactos Autonómicos significaron la instauración de un sistema territorial que tiene mucho de federal y que se hallaba en clara oposición al centralismo hasta entonces vigente.
Se dotó a las CCAA de competencias y se instauraron Gobiernos autonómicos con sus estructuras administrativas. El problema llegó cuando tuvo que establecerse su sistema de financiación. Dos, Euskadi y Navarra, y debido a sus antiguos derechos forales, vigente en el caso de la segunda, derogados por el franquismo en el de la primera, contaron con regímenes fiscales propios consistentes en que sus Haciendas recaudan las contribuciones fiscales en sus territorios y luego entregan a la Agencia Tributaria aportaciones anuales en función de su respectivo peso en el PIB de España, mientras que las quince CCAA restantes quedaron sujetas a un sistema común en el que la Agencia Tributaria recauda y luego reparte en función de variados criterios. El sistema de financiación de las CCAA de régimen común así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla quedó recogido en la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 22 de Septiembre de 1980, que luego tuvo diversos ajustes y modificaciones en 1996, 2001 y 2009. Y aquí surgió el problema.
La financiación de las CCAA según lo dispuesto en la LOFCA no fue establecida como una consecuencia ni del peso económico de cada una ni de la aportación que cada una realizaba al PIB de España, sino como un sistema para reducir las diferencias de las rentas medias de cada una de las CCAA respecto a la renta media de España. Lejos de analizar la viabilidad de las Comunidades antes de darles nacimiento y las posibilidades de que pudieran financiar las competencias que iban a serles transferidas, se estableció un sistema por el que las CCAA qué más PIB generaban y con mayor PIB potencial, más les era detraído por la Agencia Tributaria y entregado a las que menos generaban y menor potencial tenían, de forma que las que aportaban muy bien podían quedarse, tras aportar, en una posición peor de la que tenían antes de aportar, y todo ello sin que se realizase un análisis de la viabilidad económica de las que recibían.
Es decir, como las posibilidades de crecimiento real de España y de cada una de las Comunidades era el que era, se instauró un sistema por el que unas Comunidades pasaron a sostener a otras pero sin que se llegase al fondo de la viabilidad futura de las sostenidas. La razón era simple: España es una economía que es capaz de generar lo que es capaz de generar, pero lo que no es capaz de generar es un crecimiento para que todas sus CCAA tengan el mismo nivel económico ni de desarrollo.
Durante los primeros años el sistema se fue adaptando, pero muy pronto empezaron las divergencias a medida que iba quedando patente que no se cumplía la regla de oro de la financiación autonómica: la teórica igualdad de financiación por habitante y por servicio. El problema se pervirtió cuando esta problemática se politizó.
La única vez que el Gobierno de España publicó las Balanzas Fiscales, el instrumento contable que recoge los saldos interregionales con los métodos de cálculo del ‘flujo monetario’ y del ‘coste beneficio’, fue en el 2008 con datos a 31 de Diciembre del 2005, y lo que tales balanzas pusieron de manifiesto es que unas pocas regiones aportaban más de lo que recibían y el resto recibía más de lo que aportaban, en algunos casos sensiblemente más. (http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/7799A507-C58E-4572-BE29-EC87EE6CBDDA/89951/150708Balanzasfiscales.pdf).
A partir de aquí el tema se politizó completamente y prácticamente abandonó el terreno de lo técnico: la viabilidad de todas las CCAA formadas y la sostenibilidad de las competencias transferidas, politización que pivotó no alrededor del eje del crecimiento sino del de la solidaridad: quienes reclamaban la revisión del sistema por menoscabar las posibilidades de crecimiento de las CCAA que aportaban pasaron a ser calificados de insolidarios y de separatistas. Y en ese contexto es en el que la frase del Dr. Antoni Castells adquiere todo su significado.
(Págs. 207 y 208 de ‘La Economía. Una Historia muy personal’. Santiago Niño-Becerra. Ed. Los Libros del Lince. Barcelona. 2015).
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.
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